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Francisco Carrión

HISTORIAS

MILITARES, LOS FARAONES DEL EGIPTO DEL SIGLO XXI

Página

Lo que van a leer a continuación es un secreto a voces en Egipto, abierto en canal tras la asonada que el comandante en jefe de las fuerzas armadas Abdelfatah al Sisi anunció la noche del miércoles. Un verdadero secreto de Estado que los periódicos locales jamás tratan. Saben que ventilar el tema en cuestión, el imperio económico amasado por los militares en las últimas tres décadas, bastaría para ser perseguido por delito de alta traición. Pero lo cierto es que los intereses castrenses en la economía egipcia, ajenos a cualquier luz y taquígrafo, sirven para entender algunas de las claves del golpe de Estado que ha desbancado del poder y arrestado al islamista Mohamed Mursi, el primer presidente elegido por las urnas de la historia egipcia, al año de su celebrada investidura.

El ejército, cuyo regreso ha festejado la oposición secular y los máximos líderes religiosos del país árabe, controla un boyante holding empresarial que ya quisieran para sí la familia Ruiz Mateos y sus dos Rumasas caídas en desgracia. Los generales y coroneles de la institución militar gestionan hasta el 40% del PIB egipcio. Un pedazo nada despreciable de un indicador económico que en 2012 se cifraba en 537.800 millones de dólares y situaba a la tierra de los faraones en el puesto 27 del ranking mundial, según la CIA.

Pero, ¿cuál es el porcentaje exacto? Aquí los militares imponen también un silencio marcial. «Esta información no está disponible de manera expresa. Es, sin duda, el mayor emporio del país, mayor que el sector público civil y presente en prácticamente todas los sectores económicos, con empresas participadas por compañías extranjeras», replica a Crónica Robert Springborg, profesor de la estadounidense Naval Postgraduate School. El académico es, de lejos, el mayor experto en las fuerzas armadas egipcias. Uno de sus siempre escabrosos artículos, hurgando en territorio vedado, fue suficiente para que hace año y medio —aún bajo tutela castrense de la transición— un número completo de la edición en inglés de un rotativo local fuese censurado.

SIN AUDITORÍAS

Ante la ausencia de la más liviana de las auditorías, Springborg echa cuentas al aire. «Las estimaciones nos indican que los militares podrían controlar hasta el 40% de la economía. En algunos sectores, como el de las bombonas de gas, son los únicos proveedores», esboza. El puño castrense, que ingresa anualmente 1.300 millones de dólares de ayuda estadounidense, hace caja a manos llenas. Se podría decir que sus productos están hasta en la sopa. Y hasta eso sería escrupulosamente cierto porque la marca de sopas Reina depende del Ministerio de Producción Militar. Y, como ella, otros tantos productos que se pueden hallar en los estantes de las tiendas de alimentación egipcias como el agua mineral, los encurtidos y el aceite de oliva Safi, los zumos y salsas Sinaí, las mermeladas Faraón o el pollo Watania (Nacional, en árabe).

Su territorio económico es ubicuo e inescrutable: restaurantes, hoteles y complejos turísticos en todas las ciudades egipcias y en primera líneas de las cotizadas aguas turquesas del Mar Rojo; inmobiliarias; servicios de limpieza; carpinterías; fábricas de electrodomésticos; productos químicos; automóviles o informática y telecomunicaciones.

El cerebro desde donde se controla este bullir financiero es la Organización Nacional de Proyectos de Servicio, una institución adscrita al ministro de Producción Militar por el que pasó Al Sisi, el nuevo hombre fuerte de Egipto. En su cuartel general se controlan las distintas ramificaciones del negocio y se rastrean nuevas oportunidades empresariales.

Todo un capital de información absolutamente reservada. Más incluso que la partida del presupuesto destinada a actividades empresariales asociadas al terreno de defensa como la adquisición o producción de armamento, que se pueden consultar con cierta facilidad en los registros públicos. Un ejercicio de transparencia, en este caso, obligado por socios internacionales como las fuerzas armadas de Estados Unidos. El mutismo envuelve, por ejemplo, las cifras de ocupación en sus establecimientos hoteleros, las toneladas de carne vendidas por sus granjas o las viviendas residenciales despachadas. Tratar de desentrañar los datos y hacerlos de dominio público es un delito juzgado en los tribunales militares. Un secreto de seguridad nacional que no deben conocer enemigos como Israel.

La última start-up, la tableta electrónica Enar, se presentó hace unas semanas entre alharacas. Entonces, con el viento de la opinión pública a favor, los militares no ocultaron que el iPad egipcio había sido fraguado en su laboratorio. Es más, convirtieron su lugar de fabricación en rentable reclamo publicitario para colocar en un mercado ya saturado de marcas extranjeras un producto desconocido: resolución de 720 por 1024 pixeles, un peso de 750 gramos, capacidad de almacenamiento entre 8 y 32 GB y sistema operativo Android 4.0.

El agudo plan de lanzamiento incluye repartir varios millones de unidades entre las escuelas y universidades egipcias y ya tiene apalabrados encargos en los vecinos del golfo Pérsico. La tableta fue alabada por los Hermanos Musulmanes y celebrada como un logro digno de orgullo nacional en el balance del primer aniversario de la llegada de Mursi a palacio. Y hace unos meses, el gobierno anunció con entusiasta alegría que paralizaba la liquidación de la empresa Nasr, la mítica marca local que ensamblaba modelos de la empresa italiana Fiat y los vendía a a precio de ganga, para entregársela a los militares. Por aquel entonces ni se olían la «traición» de Al Sisi que les ha convertido esta semana en carne de prisión.

En los fugaces 12 meses en los que trataron de gobernar el país, los islamistas no quisieron o pudieron abrir las puertas de la economía militar. La Constitución, cuya redacción final fue boicoteada por oposición secular y cristianos, mantuvo a buen recaudo la autonomía de las fuerzas armadas para elaborar y aprobar su presupuesto anual. En vez de someterlo al escrutinio del parlamento, se decidió que los militares hicieron números y se lavaran las vergüenzas en un Consejo de Defensa Nacional con mayoría de representares del ejército.

Con la excusa de la defensa nacional, el ejército pudo seguir disfrutando de sus beneficios como hasta ahora. Entre ellos, subvenciones, exenciones de impuestos o el uso de mano de obra gratuita. El pelotón de reclutas que cada año entra en la institución proporciona savia joven y maleable a un engranaje que se aprovecha además de una ley que le permite adquirir tierras propiedad del estado con las que mejorar sus dividendos con el pretexto de la «defensa nacional». En las fábricas del ejército ni siquiera hay que aplicar la ya de por sí frágil legislación laboral egipcia porque, remacha Springborg, «la mayor parte de esa mano de obra es proporcionada por quienes hacen el servicio militar obligatorio».

LA FÓRMULA DE ALI

¿Cómo comenzó a fraguarse el mayor conglomerado de la madre del mundo árabe? La lucrativa fórmula de los generales nació en 1820 por orden de Mohamed Ali. En un ataque de patriotismo, el padre del Egipto moderno se propuso producir uniformes y pequeñas armas. Pero su verdadera época dorada llegó tras la revolución de 1952, que en realidad fue un golpe de Estado liderado por el Movimiento de los Oficiales Libres. Una jugada perfecta que —usando, como ahora, el barniz de legitimidad de las fuerzas políticas y los movimientos civiles— terminaría aupando al poder al legendario Gamal Abdel Naser.

Tres décadas de conflicto y cinco guerras árabes-israelíes después, la firma del tratado de paz con el vecino judío en 1979 obligó a congelar el ardor guerrero y adelgazar la tropa. La industria militar acogió entonces a la legión de soldados desmovilizados y desvió a la institución de su misión primordial: salvaguardar las fronteras. El derrocado Hosni Mubarak, hoy confinado en la prisión de Tora junto a sus hijos Alaa y Gamal, probó la eficiencia de su maquinaria en marzo de 2008 cuando, acosado por la crisis del pan subvencionado, confió a la red de panaderías del ejército la tarea de saciar el hambre de sus súbditos. Y lo consiguió.

Sin embargo, la armada no estuvo al margen de la corrupción generalizada que creció alegremente al calor de una salvaje liberalización económica. Algunos generales terminaron atrapados en corruptelas y asociaciones ilícitas con capital privado. Como el general Sayed Mishaal, ex ministro de Producción Militar, ex parlamentario y ex miembro del disuelto Partido Nacional Democrático de Mubarak. Fue cesado tras la revolución de 2011 y la fiscalía le acusó de malversación de fondos públicos. Solía visitar las factorías en campaña electoral para comprar los votos de sus empleados. En 2010, en una de aquellas empresas que visitó un obrero murió por negligencia de la empresa. Sus compañeros, indignados, se levantaron contra la dirección. Fueron llevados antes tribunales militares y juzgados por «revelar secretos de guerra». Los ex gobernadores de Luxor y Asuán, las dos ciudades turísticas del sur de Egipto con decenas de templos faraónicos, también se vieron involucrados en escándalos de corrupción urbanística.

Un golpe de efecto que también ejecutó el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en 2011, cuando poco después de asumir la tutela de la tortuosa ruta hacia la democracia, entregó unos 750 millones de euros al Banco Central de Egipto en un intento de sostener la cotización de la libra egipcia. El año pasado, con la cúpula militar desprestigiada por los más de 15.000 civiles juzgados en tribunales castrenses las denuncias de torturas y su falta de tino para tratar con las manifestaciones sin causar víctimas mortales, los activistas emprendieron una campaña de desobediencia que llamaba a boicotear el consumo de productos realizados por los uniformados. Durante varias semanas, circuló por el febril ciberespacio egipcio un lista con todas las marcas registradas por el ministerio de Producción Militar —algunas con alusiones directas en su etiquetado o en su página web y otras sin el más mínimo rastro. Era tan interminable que la iniciativa resultó imposible de ser ejecutada.

Según la activista Sally Toma, una de las almas de la campaña Kazibun (Mentirosos) que proyectó por las plazas egipcias las imágenes de las fuerzas armadas prohibidas y no vistas en la televisión pública, se trataba de «descubrir lo que todo el mundo sabe» pero que, en el caso de las actividades económicas, «resulta poco preciso». Y es que las sombras resultan aún más alargadas si se cuentan los negocios privados de oficiales jubilados y una red de influencias y poder que creció al calor de seis décadas de régimen militar, con los tres presidentes —Gamal Abdel Naser, Anuar el Sadat y Hosni Mubarak— que administraron el país más poblado del mundo árabe con puño de hierro. «¿Un ejército que produce aceite, mermelada, agua, bienes electrónicos y regenta sus propios hoteles y restaurantes está solo proporcionando un servicio o sacando provecho?», se interrogaban por aquellas fechas en Twitter quienes querían desnudar los entresijos de la decimocuarta Armada más poderosa del planeta, según el anuario 2013 publicado recientemente por la organización Global Firepower. Según el informe, es el más importante de los ejércitos árabes con 468.000 soldados y un presupuesto anual de 4.100 millones de dólares. «El número de empresas militares es mayor que el de cualquier otro país árabe. Quizás solo del región Pakistán tenga cifras similares», detalla el experto.

El abultado bolsillo de la élite castrense contrasta con una raquítica economía incapaz de detener la hemorragia de reservas de divisa extranjera, la devaluación de la moneda local, el derrumbe del turismo o la espantada de los inversores internacionales. La inestabilidad política, jalonado de espasmos de violencia, ha agravado además la carestía de la mitad de la población que vive bajo el umbral de la pobreza. Ajenos al drama pero afectados por el colapso económico, los uniformados consideran —como antaño— su actual autonomía económica una de las líneas rojas infranqueables. De ahí que, según Springborg, la asonada de esta semana haya abortado dos años y medio de transición y arrasado con todos sus logros con el propósito de «establecer un gobierno que pueda restaurar una apariencia de viabilidad económica y proporcionar estabilidad económica».

Un acuerdo refrendado por la oposición que lidera el premio Nobel de la Paz Mohamed el Baradei en el que «los intereses económicos y la seguridad nacional» serían campos de minas impenetrables. A juicio del profesor estadounidense, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas «sólo está comprometido con una democracia muy limitada que no incluye el control civil sobre sí mismos». Transparencia y rendición de cuentas son vocablos que no aparecen en la hoja de ruta que han diseñado tras pulsar el reset de la primavera árabe. «Para lograr un Egipto democrático tendría que existir un control civil de los militares, pero esa batalla aún necesita años», concluye el académico norteamericano.